Este miércoles en dependencias de la Fiscalía Regional, el Gobernador Rodrigo Díaz hizo entrega de antecedentes recopilados en una auditoría. Lo anterior, producto de una denuncia por presunto desvío de fondos asociados a un proyecto con financiamiento GORE. En línea con el compromiso con la probidad, la máxima autoridad regional puso en conocimiento al organismo persecutor de la información recopilada hasta ahora para que se analice una eventual arista penal. Lo anterior, al mismo tiempo que se desarrollan una serie de auditorías para descartar eventuales irregularidades.
Hasta la Fiscalía Regional del Biobío se trasladó este miércoles el Gobernador Regional Rodrigo Díaz, acompañado de la Coordinadora (s) de la Unidad Jurídica del GORE Karen Flores, para hacer ingreso de una serie de antecedentes recopilados en una auditoría interna.
Lo anterior, producto de una denuncia por presunto desvío de fondos provenientes de un proyecto con financiamiento GORE, el cual habría sido objeto de una triangulación de montos que implicaría a la persona que, desde el Gobierno Regional, ejercía funciones de contraparte técnica.
Cabe precisar que a fines del mes de marzo se registró una denuncia informal que daba cuenta de la situación descrita, la cual dio pie a una auditoría iniciada en abril que evacuó un informe a mediados de mayo. Tras ello se instruyó un sumario administrativo, el cual se encuentra aún en desarrollo.
En línea con los procedimientos que mandata la ley, ayer el Gobernador Rodrigo Díaz hizo entrega en la Fiscalía Regional de la información recopilada hasta ahora, con el compromiso de proveer nuevos antecedentes una vez culminado el sumario. De esta forma, en caso de constatarse irregularidades, será el organismo persecutor el encargado de determinar si estas constituyen o no delito.
Karen Flores, Coordinadora (s) de la Unidad Jurídica del GORE, indicó que, dada la existencia de un sumario en curso, ni el nombre ni las actividades de la o las personas involucradas en este caso deben ser difundidos, a la vez que subrayó el cabal cumplimiento del curso administrativo una vez generada la denuncia interna.
“Como Gobierno Regional, luego de notificados de la denuncia, hemos hecho uso de todos los instrumentos de los cuales nos dota la ley. Primero una auditoría, luego un sumario y lo que hacemos ahora es informar a la Fiscalía Regional, que es el organismo encargado de determinar si existe o no delito”, puntualizó la abogada.
Por su parte, el Gobernador Regional Rodrigo Díaz indicó: “No puedo entregar más detalles por disposición legal. Sí puedo comentar que tengo una forma de proceder para todos los casos que presenten alguna situación irregular. Pese a los distintos sistemas de control y fiscalización que tenemos para aprobar proyectos, si hay una eventualidad en que se determine que no se estuvieron haciendo las cosas como corresponde, con corrección, lo que uno debe hacer es una auditoría, sumario o denuncia según sea el caso. Y es lo que hemos realizado”.
Resguardo de la probidad en el Gobierno Regional
Producto de esta situación, y con la finalidad de descartar cualquier atisbo de irregularidad, una serie de otras iniciativas que cuentan con financiamiento GORE son objeto de auditorías. Esto como medida preventiva, a la vez que se efectúa una recopilación masiva de información relativa a proyectos ejecutados por distintas organizaciones de la sociedad civil.
El Gobierno Regional del Biobío ha dejado de manifiesto su compromiso con la transparencia y probidad en el desarrollo de su función. Es así como en noviembre del año pasado suscribió un convenio con Contraloría para mejorar los estándares de gestión de proyectos, lo cual ha permitido implementar plataformas tecnológicas para auditoría interna y rendición electrónica de cuentas.
Así también ha regularizado y externalizado el proceso de admisibilidad y evaluación de las subvenciones GORE, garantizando la igualdad de oportunidad de quienes postulan. Y, tal como fue informado en la última cuenta pública participativa, ya se concretó el primer taller de autoevaluación de gestión de la integridad pública y lucha contra la corrupción de Contraloría, lo cual permitió recibir observaciones expertas para la mejora continua de los procesos internos.
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