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Según las cifras del Ministerio de Justicia, uno podría concluir que a Chile pareciera importarle más recuperar un reo que un niño.

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185 menores fallecidos, 134 de ellos en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores y dos en centros de administración directa. Esas son las trágicas cifras que contenía el balance de niños y niñas que por razones en investigación, murieron estando bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores  entre 2005 y 2016.

Lo peor que puede hacer una sociedad es taparse los ojos. Ni los niños en abandono ni la situación carcelaria parecen ser áreas que estemos dispuestos a abordar en profundidad. Y ambos son temas de justicia…justicia moral y justicia institucional.

Según las cifras del Ministerio de Justicia, uno podría concluir que a Chile pareciera importarle más recuperar un reo que un niño. Y no tengo ánimo de denostación en este comentario. Sólo que llama poderosamente la atención que mientras el Estado gasta alrededor de 550 mil pesos mensuales por reo en las cárceles, la inversión en los niños en alguna de las 248 residencias bajo tuición Sename oscila entre 207 mil y 220 mil pesos. En otras palabras, invertimos menos de la mitad en la infancia de lo que hacemos en los delincuentes.

Para más abundamiento: mantener y recuperar un niño en condiciones ideales cuesta alrededor de un millón de pesos mensuales, según coinciden los especialistas. Sin embargo, la inversión actual no alcanza siquiera a un cuarto del monto esperado, y de forma casi unánime los centros colaboradores señalan que han debido subsidiar entre un 60 y un 70 por ciento con recursos propios para mantener a flote el servicio.

Claro, no todo se reduce a cifras y recursos, pero vaya que ayuda cuando se trata de otorgar una buena atención, con profesionales idóneos y con el cuidado adecuado que requieren los menores bajo tutela institucional.

Esos son parte de los datos recopilados por la comisión investigadora, que se mantenían hasta ahora tras bambalinas. Por eso no extraña descubrir cosas como las que suceden en nuestra región, donde una residencia de Fundación Mi Casa cerrará el próximo 1 de octubre aduciendo falta de recursos. Tampoco ayuda el cambio de rostro en la Dirección Nacional, con una nueva autoridad que asume en medio de serios cuestionamientos por su rol de ex fiscal del caso que investigaba precisamente a la propia Presidenta y su responsabilidad en el terremoto del 27F. 

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