Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural; James Argo, seremi de Vivienda; Alberto Larraín, fundador y director ejecutivo de la Fundación Pro-Cultura, y Stéphane Franck, académico de Arquitectura USS Concepción, debatieron en un encuentro moderado por el exministro Claudio Orrego.
“Muchas obras en nuestro entorno no tienen protección, hay desconocimiento del patrimonio arquitectónico urbano y/o cultural, lo que trae, como consecuencia, el deterioro o la pérdida del patrimonio”, sostuvo el arquitecto Stéphane Franck durante el coloquio sobre este tema que desarrolló el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, IPSUSS.
En coincidencia con el profesional, Alberto Larraín, fundador y director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, sostuvo que la Región del Biobío es la que menos patrimonio per cápita protegido tiene en Chile. “Hemos hecho muchos análisis y creemos que parte importante del patrimonio histórico fue arrasado por terremotos.
“Lo que tenemos hoy no es reconocido como tal por la comunidad. Debemos tener en cuenta que el patrimonio tiene un rol social, que va mucho más allá de la arquitectura, y que es uno de los pocos espacios que se plantea siempre desde el nosotros: es colectivo, aumenta la cohesión social, nos ayuda a sentirnos parte de algo”, afirmó.
Ambos profesionales participaron en el encuentro enmarcado en el ciclo “Seis propuestas para Chile”, desarrollado por el IPSUSS. En la sesión online fue presentado el trabajo “Propuesta de lineamientos de política pública para la protección del patrimonio arquitectónico y urbano”.
“Recomendaciones interdisciplinarias para el caso de Concepción”, correspondiente a un proyecto del mismo nombre desarrollado por la carrera de Arquitectura, que fue uno de los ganadores del Primer Concurso de Investigación en Políticas Públicas del IPSUSS, 2019.
Tras el saludo de Francisco Flores, vicerrector de la U. San Sebastián Concepción, Stéphane Franck, secretario de Estudios de Arquitectura e investigador principal del proyecto, expuso el estudio, que entre sus etapas incluyó un catastro y un proceso de levantamiento de información para determinar los nodos críticos del patrimonio del Biobío. “Con este trabajo, se buscó proponer recomendaciones sectoriales multiescalares, líneas de intervención o acciones que permitan delinear un plan piloto para resguardar, visibilizar y promover el patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de Concepción”, contó.
Normativa
Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural, analizó la legislación vigente, recalcando que la Ley de Patrimonio Cultural está en el Congreso. Expuso, a grandes rasgos, algunos alcances de este proyecto en curso, por ejemplo, regionalizar la temática, con una estructura orgánica precisa, y un consejo resolutivo, con validez; incorporar el valor de lo “inmaterial”, lo académico, la educación, el dinamismo del patrimonio, y subsidiar el patrimonio cultural, “especialmente interviniendo en zonas que no cuentan con apoyo y en las que, en general, el patrimonio se encuentra desvalido”, manifestó.
Al respecto, Larraín sostuvo que “la Ley de Patrimonio es una oportunidad; los nodos críticos son muy complejos. Y debemos incorporar otros valores, por ejemplo, los cementerios simbólicos, hitos que tienen que ver con trascendencia, con cómo se congrega la comunidad, más allá de lo netamente material”, estableció.
“Claramente no es obligatorio que el Estado se haga cargo de todo, sino generar herramientas y condiciones para que potenciales hitos de valor patrimonial sean agentes de desarrollo”, concluyó el director de la Fundación Pro Cultura que lleva a cabo proyectos en diversas zonas del país, entre ellas Lota.
En la instancia, también expuso el seremi de Vivienda en el Región del Biobío, James Argo, quien se refirió a la necesidad de poner incentivos en la materia. “A veces se generan problemas para los privados. Para muchas personas la nominación de monumento nacional, por ejemplo, es un drama, porque los dejan de brazos cruzados”. Y coincidieron con él los expertos, en el sentido de que, en vez de hablar de una “sobreprotección de patrimonio”, se debe trabajar en una “priorización”.
Cecilia Díaz / USS
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