En la ocasión participaron dirigentes de APR, comunidades indígenas, autoridades y dirigentes sociales, quienes conocieron los principales aspectos de la reforma, que garantiza el derecho humano de acceso al agua como prioridad.
En dependencias de la Universidad Austral de Chile, y con la participación de distintas organizaciones y representantes de la sociedad civil de Los Ríos, se llevó a cabo un seminario participativo donde el director nacional de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas, Carlos Estévez explicó los principales detalles de la reforma al Código de Aguas, que busca garantizar el acceso del vital elemento para el consumo humano, y al mismo tiempo, castigar a los especuladores que no usan el agua en desmedro de quienes sí la necesitan.
En la ocasión también participaron el intendente regional Ricardo Millán; el senador, Alfonso De Urresti; los seremis de Obras Públicas, Jorge Alvial y de Agricultura, Claudia Lopetegui; los directores regionales del MOP, José Guerrero de Aguas y Claudia Dönner de Obras Hidráulicas y el rector de la Universidad Austral de Chile, Oscar Galindo.
Son dos los proyectos de modificación al Código de Aguas que impulsa el Gobierno y que actualmente se encuentran en votación en el Senado. El primero, Boletín 7543-12 apunta a equilibrar el derecho humano de acceso al agua potable y saneamiento con la preservación eco sistémica y el uso productivo. En tanto, el segundo, Boletín 8149-09busca mejorar la transparencia en la información, aumentar las facultades fiscalizadoras, otorgar por primera vez atribuciones a la DGA en materia de calidad de las aguas e incrementar la cuantía de las sanciones que hoy en día son por un máximo de 20 UTM, para quienes violan la ley y perjudican los derechos de terceros.
En la jornada, el director de la DGA, Carlos Estévez hizo especial énfasis en la reforma que busca una gestión equilibrada del agua, para que garantice el derecho humano de acceso para consumo, saneamiento y subsistencia. “Ante un escenario de cambio climático, una demanda cada vez mayor por agua y un código que tiene un enfoque casi exclusivo en productividad, buscamos promover su uso efectivo. Queremos castigar a los especuladores y titulares de derechos ociosos, quienes acaparan agua y no la utilizan, para que la devuelvan al Estado y sea redistribuida a quienes sí la necesitan y usan”, dijo.
Por su parte, el intendente de Los Ríos, Ricardo Millán puntualizó que, “el Gobierno de la Presidenta Bachelet ha planteado una modificación legal, que tiene que ver con derecho, construcción y responsabilidad administrativa, por ello tenemos el deber de plantearnos que el agua es un tema que debe ser visto desde perspectivas mucho más específicas y eso significa avanzar en una nueva política de agua. He tenido la voluntad de plantear ante los Consejeros Regionales, la necesidad de crear una Política Regional, que nos permita a través de esta importante reforma tener una postura como región y así enfrentar una situación evidentemente cambiante respecto a temas climáticos, pero que además tiene un desafío importante que se origina en torno a este vital elemento”.
Las modificaciones en trámite facilitan que los usuarios de aguas que no tengan sus derechos regularizados, puedan hacerlo con un trámite simple ante la Dirección General de Aguas, por lo que ya no tendrán que ir a tribunales. Además, podrán hacerlo de forma individual o colectiva por las organizaciones de usuarios. Para ello, el Estado dispondrá de $2.750 millones de recursos nuevos para regularizar aquellos usos ancestrales o de predios CORA. Al mismo tiempo, destacar que los nuevos derechos se entregarán por un máximo de 30 años, prorrogables, mi
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