El objetivo de esta medida es que se investiguen los hechos y que situaciones donde conductores y pasajeros se puedan ver perjudicados, no se repliquen nuevamente.

Imágenes muestran el momento en que individuos apedrean a servicios de transportes en comunas como Hualpén y Chiguayante.

Más de 40 taxibuses que realizan servicios en comunas del Gran Concepción, fueron dañadas tras recibir piedras en las ventanas y aceite quemado, durante jornada de manifestación el pasado 12 de noviembre en Concepción. Por este motivo, la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, presentó una denuncia en Fiscalía Local de Concepción, ante quienes resulten responsables por estos sucesos.

El seremi de transportes y telecomunicaciones, Jaime Aravena Selman, señaló que “hemos reunido material audiovisual, más la información que nos entregaron las propias empresas, indicando incluso con nombre implicados en los hechos, porque creemos que este tipo de situaciones no deben ocurrir, ya que finalmente, los mayores perjudicados son las personas que a diario utilizan el transporte público”.

El encargado de Transportes en la Región del Biobío, agregó que “según lo dispuesto en el artículo 175, letra b y siguiente del código procesal penal, presentamos esta denuncia a fin de que se investiguen presuntos delitos de atentados contra vehículos motorizados que estaban en circulación, que corresponden a 6 buses de la locomoción colectiva del Gran Concepción y que se encuentran tipificados en el artículo 198 de la Ley de tránsito 18.290”.

Se trata de buses de las líneas Rutas Las Playas, Nueva Sotrapel, Las Galaxias y también otros que fueron informados por las empresas, a quienes incluso no les fue permitido salir a efectuar sus recorridos “quienes tengan la intención de trabajar, tienen que tener la opción de hacerlo libremente y no se pueden sentir amedrentados o con sus máquinas dañadas, por otras personas y lo que nos parece más lamentable, que los propios colegas de otras líneas, no les permitan transitar”, aseguró el seremi Aravena.

Aravena finalizó sosteniendo que “esperamos que por el bien de la comunidad estos hechos que dejan de ser democráticos, se repliquen durante próximas manifestaciones, porque efectivamente, todos tienen derecho a mostrar su postura ante una situación, lo que no puede ocurrir, es que usuarios que a diario utilizan el transporte público, se vean afectados”.

En caso de comprobarse los hechos antes mencionado, quienes resulten responsables podrían tener una pena de presidio menor en su grado mínimo que va desde los 61 a 540 días de cárcel.

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