Un llamado a no “caer en las campañas de desinformación” formuló el diputado Patricio Vallespín, tras la aprobación, en primer trámite, de la reforma al Código de Aguas –vigente desde 1981- y que, a juicio del legislador, “responde a una de las demandas más profundas de la ciudadanía, que es fortalecer el carácter público del agua, garantizar el acceso a ella como un derecho humano y terminar con la especulación del recurso”.
Vallespín, quien fue uno de los autores de la iniciativa legal, destacó el impacto de las modificaciones en “el resguardo del agua para el consumo humano, para las comunidades, con nuevas normas que eviten aprovechamientos indebidos de este vital elemento”. Respecto a los anuncios de Chile Vamos de recurrir al Tribunal Constitucional, señaló que “en nada se afectan las actividades productivas, por el contrario, los reclamos son absolutamente inconducentes. Nos parece, más bien, una campaña política y de desinformación. Esto, porque la norma que cambia el concepto del derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas, al de concesiones, es para los nuevos derechos, es decir, solo rige hacia el futuro. La oposición nos tiene acostumbrado a que lo que no pude lograr con los votos, trata de lograrlo en el Tribunal Constitucional, buscando desconocer la soberanía de este Congreso y la voluntad de los ciudadanos”.
Asimismo, reafirmó que “esta reforma mantendrá vigentes los derechos indefinidos de aprovechamiento ya constituidos con anterioridad”, aclarando que “la incorporación de causales de caducidad y distinción de los derechos de aprovechamiento no priva a ninguna persona de la titularidad de su derecho en la medida que inscriba su título en el registro conservatorio competente y haga un uso efectivo del mismo”.
Vallespín, agregó que “con este proyecto estamos reforzando el carácter de bien nacional de uso público del agua, estableciendo condiciones de uso con un plazo máximo de 30 años, pero también bajo ciertas condiciones. El agua recupera su naturaleza de bien nacional de uso público y no como un objeto de apropiación, con un derecho de propiedad total, absoluto. Eso es el cambio más significativo, estamos superponiendo el bien común a la especulación y el lucro”.
La propuesta legal plantea reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua; reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir (social, de subsistencia, ambiental, productiva, etc.); generar seguridad en el acceso al agua, permitiendo al Estado resguardar que en todas las fuentes naturales exista un caudal suficiente y, vinculado a ello, limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento; y establecer, sin perjuicio de los actuales derechos de aprovechamiento, un nuevo tipo de permiso para el uso del agua, denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.
Entre las normas planteadas, se determina que las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público, por lo que su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Bajo este precepto, se establece que el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado.
Los derechos de aprovechamiento, otorgados en función del interés público, podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad a las disposiciones de este Código. En este marco, por ejemplo, se define un límite de 30 años para el goce de la concesión, aunque se advierte que ello será conforme a los criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según corresponda.
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=kz6dGthmFRY&feature=youtu.be
Cinthya Vera Salas – Periodista Prensa Diputado Vallespín
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