Como una “decisión trascendental y que sienta un gran precedente” calificó el alcalde Jaime Bertin la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia de revocar la decisión del juez del Trabajo de Osorno, Hernán Valdebenito, quien había ordenado la retención de 300 millones de pesos que deberían haber llegado al municipio por el Ministerio de Educación como subvención escolar, con lo cual dicha medida quedó sin efecto.

La decisión obedece a la causa RIT 0-24-17 del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, a través de la cual 91 profesores demandaron al municipio por prestaciones no pagadas “consistentes en aumento en los montos a pagar por concepto de bonificación proporcional con motivo de la entrada en vigencia de la   Ley   N°19.933”.

En vista de dicha demanda, el Juzgado Laboral de Osorno había determinado la retención de $300 millones, como medida precautoria, la que en definitiva fue desestimada por la segunda sala de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, conociendo del recurso de apelación deducido por parte de la I. Municipalidad de Osorno.

La sentencia del tribunal de alzada establece que “los montos ordenados a retener corresponden a fondos fiscales que no han ingresado al patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Osorno en tanto sostenedora, por lo que la medida cautelar resulta improcedente”.

En la práctica, la decisión reconoce que dichos fondos no son propiedad del municipio, quien actúa como mero intermediario para el uso de dicha subvención, por lo que no se le pueden retener dichos recursos.

“Ésta es una decisión trascendental que sienta un gran precedente para causas similares que existen en el país. Porque, recordemos una cosa: éste no es un problema de Osorno. Es un problema judicial que afecta a todos los municipios del país a los que se les han retenido o embargado recursos por causas judiciales originadas en esta bonificación proporcional”  manifestó el alcalde Jaime Bertin.

El jefe comunal agregó que “quiero dejar ésto bien claro: nosotros no estamos contra los profesores. Ellos, legítimamente demandaron algo que nosotros nos encontrábamos impedidos de pagar, según dictámenes de la Contraloría General de la República”.

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