Mediante comunicado público, los propietarios de la Casona señalaron que hasta la fecha el Serviu no ha presentado una propuesta concreta para adquirir la casona,  destacando que ellos sí lo han hecho, en orden a facilitar la ejecución del proyecto, y que se les pide desalojar inmueble sin plazos ni garantías adecuadas.

Comunicado público de propietarios de Casona Lopetegui – Mena

Estimada comunidad Valdiviana:

Como propietarios de la Casona Lopetegui-Mena y en vista de los últimos acontecimientos nos sentimos con la obligación de informar de algunos aspectos relevantes sobre el asunto.

En primer lugar aclaramos que nunca hemos estado en contra del proyecto Puente los Pelúes-Lord Cochrane, muy por el contrario, creemos que es fundamental dar prioridad a la construcción de este puente, por lo mismo desde el año 2016 hemos participado en todas las reuniones a las que hemos sido convocados y hemos realizado propuestas concretas para facilitar la ejecución del proyecto.

El Estado, representado por la Intendencia, Seremi Minvu, Seremi MOP y director Serviu entre otros, Nunca nos presentaron una propuesta concreta para adquirir la Casona, es más, hasta la fecha ni siquiera existe un proyecto concreto para la conservación de la misma.

A pesar de nuestra disposición para llegar a un acuerdo justo que facilitara la ejecución del proyecto, el Estado optó por iniciar un proceso de expropiación de los inmuebles, sin siquiera darnos aviso previo (a pesar de haber estado en constantes conversaciones por más de dos años). Este proceso requirió que Serviu procediera a tasar el inmueble, lo que en la realidad de los hechos jamás ocurrió, ya que Serviu no tasó los departamentos que integran la casona, porque los profesionales encargados de esta labor nunca ingresaron a su interior, omisión garrafal que transformó la expropiación en un despojo de nuestros bienes, esto es, en un acto expoliatorio en donde el fisco percibió a su nombre el bien raíz expropiado sin pagar nada, o, pagando lo que se le ocurrió de manera unilateral e injusta.

Recordamos a la ciudadanía y a Serviu, que los ocupantes de los departamentos de la casona nos encontramos pagando dividendos hipotecarios a los bancos por todos y cada uno de los departamentos expropiados, y que no tenemos donde irnos a vivir, por lo que de ser obligados a desocuparlos, deberemos agregar al costo propio del pago de los dividendos hipotecarios, el pago de rentas de arrendamiento que no están dentro de nuestros presupuestos de ingresos mensuales.

Por eso es que nuestras reclamaciones sólo tienen como objetivo que se nos pague el valor real, justo y completo del inmueble, y que se nos haga justicia en el sentido que se nos deje al menos pasar el tiempo dignamente necesario mientras buscamos un lugar en donde irnos a arrendar a nuestro costo otros inmuebles, y además, de manera especial, se dirime y resuelve por los Tribunales de Justicia el valor real y completo de la indemnización que se nos debe pagar por el ente expropiante.

Los expropiados somos todos trabajadores de clase media, que generamos recursos a través de remuneraciones mensuales. y por eso nos duele como ciudadanos con iguales derechos, que el Estado de la noche a la mañana nos quite nuestras viviendas, en las cuales hemos invertido todos nuestros ingresos para hacerla digna de ser habitadas, siendo mayor el perjuicio moral y espiritual cuando se nos trata como quienes pretendemos oponernos a la construcción del puente, en circunstancias que es Serviu el ente estatal que nos niega el pago de un valor justo, queriendo ahora despojarnos sin otorgarnos siquiera un plazo prudente para hacer abandono de las viviendas.

Reiteramos que los habitantes de la casona, siempre hemos estado dispuestos a otorgar el máximo de facilidades para que el proyecto de Serviu llegue a feliz término, habiendo sido la autoridad administrativa la que se ha negado al diálogo, convirtiéndose en un señor feudal al decidir por sí y ante sí la fijación de la indemnización, sin haber realizado una objetiva y legal tasación de los inmuebles, obligándonos a desocuparlos, sin que se nos haya preguntado si tenemos o no donde irnos a vivir, y si contamos con los recursos para arrendar un inmueble. No obstante que hemos sido nosotros las víctimas de este atropello a las garantías constitucionales, al pasar por alto Serviu las normas y principios más elementales del debido proceso, se nos hace aparecer ante la Opinión Púbica como los “malos de la película”, situación que reprochamos y censuramos con toda la energía posible, por cuanto las víctimas del atropello a los derechos humanos hemos sido los habitantes de la Casona, a quienes no sólo se nos ha dejado de pagar la indemnización real y completa, sino que ahora se pretende desalojarnos como animales de nuestras queridas viviendas.

La acción deshumanizada de Serviu trasgrede los derechos humanos, ya que:

• “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”.
• “Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”
• “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado”.

Por eso, reiteramos que todos nosotros seguimos pagando créditos hipotecarios, el monto ofrecido por el Estado se destina en forma íntegra a pagar las deudas que tiene la propiedad y aun así no cubre ni mucho menos el 100% de éstas, además de eso, no tenemos donde irnos, no estamos en condiciones de solicitar otro crédito hipotecario y mucho menos contamos con el pie que pide el banco, nos están echando de nuestro hogares, y, estamos quedando literalmente en la calle, incluso no tenemos donde dejar nuestros muebles.

Por otro lado, debemos comentar que si nosotros hubiésemos querido retrasar el proyecto puente Los Pelúes – Lord Cochrane, habríamos presentado ante tribunales una nulidad de derecho público, la cual no tiene fecha de prescripción, y que significa que absolutamente todo el proceso debería comenzar de cero, esto porque según dictamen de contraloría se debía ingresar el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental antes de iniciar el proceso expropiatorio y es de conocimiento público que el proceso expropiatorio se inició a principios de año y el proyecto aún no ingresa al SEA, todo esto por algo obvio, ¿Qué pasaría si el SEA rechaza el proyecto en ese lugar y ya se expropiaron las propiedades?

Para finalizar, los propietarios siempre hemos estado y seguimos estando dispuestos a conversar con todas las autoridades y llegar a acuerdos, sobre todo si estos son en beneficio de la comunidad y nuestra querida ciudad de Valdivia.

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