Se enviarán conclusiones a Contraloría y Fiscalía

La comisión investigadora de la cámara encargada de investigar la actuación de los organismos públicos en el proceso de compras de tierras indígenas aprobó hoy un informe que establece la responsabilidad política de la CONADI y del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia en las irregularidades que ocurrieron durante la adquisición de diversos predios que pertenecían a miembros de comunidades indígenas.

La información fue entregada por la diputada DC y miembro de dicha comisión, Joanna Pérez, quien calificó los hechos como “graves”. Al respecto, señaló que “logramos un muy buen informe y esperamos que contribuya a resolver los problemas que hoy viven las comunidades. Establecimos  la responsabilidad política de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI por, entre otras cosas, tener desactualizado el Registro Público de Tierras Indígenas, por no fiscalizar activamente cuáles tierras son o no indígenas actualmente y como consecuencia de ello permitir que terrenos con calidad indígena, hoy en día estén en manos de personas no indígenas. Esto es realmente preocupante”

Por otra parte, el informe señala que se enviarán los antecedentes de la comisión al Ministerio Público, “por existir hechos que pueden revestir carácter de delito”; y, se enviarán, además, a la Contraloría General de la República para que investigue y se pronuncie sobre la legalidad de los actos del Subsecretario Rodrigo Ubilla y “sobre la comisión o no de alguna falta a sus deberes como funcionario”.

La parlamentaria DC agregó, además, que “también establecimos la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, y Familia porque es el organismo encargado de supervigilar a la Conadi y en ese rol, tampoco detectó a tiempo las falencias que permitieron la venta de las tierras a personas que no eran indígenas”. El Informe se votará en Sala dentro de los próximos días.

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