El jueves 3 de octubre se marcó un hito a nivel nacional y regional con la puesta en marcha de la Ley 21.057 que regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a niños niñas y adolescentes (NNA), víctimas de delitos sexuales. Dicha ley tiene dentro de sus objetivos principales prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, evitando las consecuencias negativas que puedan sufrir en cualquier etapa del proceso penal.

Cabe destacar la existencia de un repertorio de 16 tipos distintos de delitos violentos a los que se aplica la ley, tales como delitos sexuales, secuestro agravado o prolongado, sustracción de menores, pornografía infantil, homicidio, parricidio, femicidio, castración, lesiones gravísimas, tráfico de migrantes, tráfico de personas para ejercer la prostitución, explotación sexual infantil, robo con violencia, robo con homicidio, robo con violación y violación con homicidio.

“La puesta en marcha de la ley significó para el personal policial una actualización y capacitación en una nueva metodología de recogida de datos basada en el interés superior del NNA y su individualidad”, destacó el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BIDS) Coyhaique, subprefecto Luis Romero Astorga. En primera instancia, se capacitaron a oficiales y asistentes policiales que realizan labores de encargados de guardia en los cuarteles policiales en el protocolo de primera acogida, es decir, la forma en cómo la PDI recibe una denuncia, ya sea de un niño, niña o adolescente solo, acompañado o del adulto responsable que acompañe a la víctima a interponer una denuncia, conforme a los estándares legales vigentes.

En ese sentido, el jefe de la unidad especializada indicó que esta metodología significó entender una nueva lógica, “el interés superior y empoderamiento de los niños les otorgó un protagonismo que pueden ejercer al ser víctimas de un delito, sumado a la voluntariedad de ser escuchados y participar en las actuaciones del proceso”. La ley recoge los derechos fundamentales de los NNA en forma plena: la autonomía progresiva, la participación voluntaria, la prevención de la victimización secundaria, la asistencia oportuna y el resguardo de la dignidad, los que se traducen finalmente en acciones del sistema penal a las que se debe responder según las nuevas exigencias.

Capacitación continua del capital humano

Fueron meses de preparación durante la implementación de este nuevo marco legal, donde más de 60 detectives de las distintas unidades especializadas de la Región Policial de Aysén se capacitaron en primera acogida y denuncia con el fin de integrar las nuevas metodologías.

Además, la PDI Aysén cuenta con cuatro entrevistadores preparados en un proceso de formación altamente calificado, quienes ejercen dos roles fundamentales en el proceso de denuncia, investigación y auxiliar al Tribunal Oral en lo Penal en la etapa de juzgamiento, por medio de las figuras de entrevistador y de intermediador en la declaración judicial.

En la actualidad, la totalidad de los entrevistadores de la PDI están acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “Nuestros entrevistadores han desarrollado en forma sistemática un proceso de formación con los mas altos estándares en Santiago, donde se encuentra el Centro Nacional de Entrevista dependiente de la Jefatura Nacional contra los Delitos Sexuales. Este centro cuenta con tecnología y procesos de alto nivel, siendo reconocido como uno de los más modernos y pionero en América Latina”, indicó el subprefecto Romero.

Diligencias

Una vez iniciada la puesta en marcha de la ley, el 17 de octubre se realizó la primera intermediación por parte de un entrevistador de la Región Policial de Aysén. La designación fue hecha por el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique, quien escogió a la subinspectora Claudia Valenzuela de la BIDS para desarrollar la diligencia en el proceso de juzgamiento.

Asimismo, la primera denuncia bajo la nueva ley se tomó al día siguiente de la puesta en marcha, “nos correspondió atender a una adolescente, quien en forma autónoma quiso denunciar, situación que antes no sucedía, puesto que un adolescente tenía que venir necesariamente con un adulto responsable”, puntualizó el jefe de la unidad especializada, agregando que “se generó una recogida de relato en un lugar especialmente acondicionado para el efecto, con total resguardo de su dignidad y discreción, finalizando con las medidas de protección y seguridad que se dispusieron por medio de la Fiscalía”.

Dicha denuncia la tomó un oficial capacitado en esta materia, sin generar derivaciones, porque uno de los objetivos que persigue la ley es la atención oportuna. “La primera atención la realiza el funcionario policial que recibe la denuncia, la acoge y aplica el protocolo respectivo, realizando las coordinaciones con Fiscalía para iniciar las primeras diligencias como lo ordena el procedimiento en la actualidad”, indicó el jefe de la BIDS.

Desde el 3 de octubre la PDI Aysén ha recibido 16 denuncias, 11 de ellas en octubre y 5 en noviembre. “Todas estas denuncias han sido en el marco de esta nueva ley, donde hemos aplicado cada uno de los protocolos que implica la normativa”, señaló el jefe de la unidad especializada, enfatizando que tanto adultos, profesores, psicólogos y familiares de víctimas han interpuesto denuncias hasta la fecha. “A ellos se les implementa el formulario de factores de riesgo y en el momento que el fiscal toma conocimiento determina ciertas coordinaciones e instrucciones a fin de resguardar la seguridad de las víctimas, agendándose la entrevista videograbada previa evaluación de la URAVIT o cualquier otra diligencia que en el proceso se determine”, añadió

Trabajo colaborativo

El trabajo con el Ministerio Público fue clave en la implementación de la ley. Fiscalía cuenta con un instructor regional para las entrevistas videograbadas, se trata del Fiscal Luis Contreras, especialista en delitos sexuales, quien ha mantenido un contacto técnico estrecho y continuo con el equipo de entrevistadores de la PDI.

El trabajo coordinado con la Fiscalía y la Unidad Regional de Atención a Víctimas en la programación y ejecución de las entrevistas investigativas videograbadas, ha permitido otorgar una cobertura territorial e investigativa eficaz, puesto que, en su calidad de auxiliares del Ministerio Público, la PDI cuenta con la capacidad de apoyar las diligencias que para el efecto dispongan las cinco Fiscalías Locales que componen la región de Aysén. Además, trabaja colaborativamente junto a otras instituciones para abordar integralmente a la víctima para que se sienta protegida y pueda ejercer sus derechos y la posibilidad de desarrollarse plenamente.

La preparación y especialización de la Policía de Investigaciones en este ámbito le ha valido el reconocimiento por parte de otras instituciones para abordar temas relacionados con víctimas y denuncias en el contexto de la nueva Ley 21.057. Así, desde las áreas de salud, educación e incluso desde distintos servicios públicos del Estado, han solicitado colaboración a la unidad especializada para capacitarse respecto a esta nueva ley.

Este año la PDI capacitó junto a instituciones que forman parte de la Red de Atención a Víctimas, y con apoyo de la Superintendencia de Educación, a casi la totalidad de directores, sostenedores, psicólogos y asistentes sociales que integran los departamentos de convivencia escolar en la región, a fin de mantener criterios homogéneos ante una develación o un hecho de afectación a la indemnidad de los niños, niñas y adolescente, debido a que los colegios y jardines son organismos donde potencialmente se puede develar un hecho.

Ahora bien, es parte del criterio técnico el recoger el relato libre y espontáneo sin formular preguntas sobre el hecho ni sus participantes, para evitar la victimización secundaria. “En la actualidad nos han llegado denuncias muy escuetas, pero lo suficientemente claras para advertir que un NNA puede haber sido objeto de un delito, no siendo necesario someter a variadas entrevistas por distintos actores o cuestionamientos a su relato. Con ello, se han articulado las acciones necesarias bajo las órdenes del Ministerio Público, para poder buscar a los responsables y comprobarlo con evidencia científica”, manifestó el jefe de la unidad especializada.

Ante los cambios impulsados a través de la reforma procesal y los sucesivos avances en el marco legal actual, la Policía de Investigaciones ha sabido adaptarse y lograr investigaciones exitosas ante hechos de grave vulneración de derechos, “cada vez que se promulga una iniciativa legal, es una oportunidad y un desafío, ya que desarrollamos con todo el profesionalismo nuestro trabajo. Sólo conocemos una sola forma de hacer las cosas, y es hacerlas bien. No nos damos espacio para cometer errores porque las víctimas no pueden ser objeto de nuestras falencias, en ningún caso” finalizó el subprefecto Luis Romero, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique.

En caso de ser víctima de algún delito, acércate a los complejos policiales de la PDI, tanto en Coyhaique como en Puerto Aysén, o ponte en contacto a través del número de emergencia 134.

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