Este miércoles 14 nuevamente fue suspendida la votación de las indicaciones al Proyecto de Protección a Glaciares, en la comisión de Minería y Energía del Senado, lo que nuevamente retrasa el proyecto tras reiteradas ocasiones en que no se han llevado a cabo estas sesiones.
El 81% de los glaciares de América Latina se encuentran en Chile, siendo esenciales para la supervivencia de nuestra especie, constituyen la reserva de agua dulce más importante del planeta. Marianela Molina, de RD Aysén, miembro de Modatima Aysén y de la Red regional No Más Mineras en la Patagonia, señala, “esta lucha para la protección de glaciares se viene dando desde hace años en los territorios, un ejemplo es el cierre definitivo de Pascua Lama”.
“Este proyecto de ley de protección a los glaciares no sólo viene desde el Congreso, hay organizaciones que cuentan con una propuesta de proyecto, que debiera estar en la Comisión de Medioambiente, sin embargo, está en la de Minería y Energía”, agrega.
“Desde el estallido social y más aún con la pandemia, el gobierno está preocupado de acelerar proyectos que van en contra del medioambiente y no está la voluntad de proteger los glaciares. Este es un gran punto que debemos consignar en nuestra Nueva Constitución, y debemos tener una participación más activa desde las comunidades para que sea vinculante con estos proyectos”, sostiene.
Desde el 2006 se han llevado adelante iniciativas por una Ley de protección de glaciares. Recién el 2018 fue presentado un proyecto de Ley Sobre Protección de Glaciares (Boletín 11.876-12) por las Senadoras Órdenes, Allende y el Senador Girardi, que toma como referencia a Argentina, primer país en promulgar una Ley de Protección a Glaciares, el 2010.
Desde que fue aprobado para su tramitación el 2018, este proyecto se encuentra en etapa de revisión en la Comisión de Minería y Energía del Senado, con la explicación de que podría afectar los intereses de las empresas mineras tanto estatales como privadas del país, lo que toma como pretexto la mística de que Chile es un país minero, sin tomar en cuenta otros recursos naturales esenciales para nuestra vida, y que ha permitido que la Megaminería, una actividad de alto impacto ambiental, se instale impune en el territorio.
“Chile tiene mas del 80% de los glaciares de Sudamérica, los glaciares son parte importante del desarrollo económico y humano para hoy y el futuro, como país albergamos a una gran cantidad de empresas mineras, principales destructores de glaciares y, además, Chile posee el desierto más árido del mundo, la línea del desierto avanza producto del cambio climático y ejerce más presión sobre la disponibilidad de agua para el hoy y el futuro. Los glaciares son estratégicos para dar agua en tiempos de sequía”, señala Pamela Díaz, vocera de Modatima Aysén.
No existe hasta la fecha un tratado internacional referido específicamente a la protección de los glaciares, sólo son abordados de forma accesoria en el Tratado Antártico, y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto.
El 2011 el Parlamento Latinoamericano aprobó unánimemente una Ley Marco de Protección de Glaciares, que consigna que los Estados latinoamericanos deben proteger y conservar los ecosistemas de glaciares, nevados y hielos eternos para garantizar la regulación hídrica y reservas de agua dulce, sin embargo, no cuenta con la fuerza vinculante para exigir una legislación a los Estados.
Un precedente esencial que debiera considerar la Comisión de Energía y Minería es el cierre definitivo de Pascua Lama el pasado mes de septiembre. El fallo del 1º Tribunal Ambiental indicaba la magnitud del peligro de daño en la salud de las personas y para el medioambiente, además los daños ambientales provocados durante su construcción en la frontera entre Chile y Argentina, hacían necesario su cierre. También multó a la empresa Barrick Gold por 9 millones de dólares.
La voz de las organizaciones
La Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, que agrupa a 30 organizaciones, desde Atacama a Aysén, emitió un comunicado en que, entre otros puntos, señala que los glaciares son Patrimonio Ambiental de la Tierra y de la Humanidad asociados a diversas expresiones culturales y cumplen un rol social importante, sobre todo en comunidades campesinas e indígenas cordilleranas, y son retardadores del cambio climático.
Así también, la contaminación de las aguas, la destrucción de los glaciares y los problemas de salud que dejan los proyectos mineros empobrecen y precarizan a los territorios devastándolos e imposibilitando la vida y el desarrollo de actividades productivas distintas que, por definición, son y pueden ser sostenibles y ejecutarse respetando la naturaleza.
En este sentido, no proteger todos los glaciares y sus ambientes es vulnerar los Derechos Humanos, como dispuso el 2015 el Instituto de Derechos Humanos (INDH), sustentado en la legislación nacional e internacional.
En Chile hay sequía desde hace más de 11 años y un 70% de la población se abastece de agua de glaciares. Exigen que Chile enfrente su futuro como “país glaciar”, lo que le permitirá ser fuente de vida para seguir habitando y produciendo en este territorio de maneras diversas.
No es un dato menor que de los 117 conflictos socioambientales identificados por el INDH, 29 de ellos están relacionados con proyectos mineros, también demandan que el Proyecto de Protección a Glaciares retorne a la Comisión de Medioambiente del Senado. La protección de los glaciares no puede convivir con la minería, porque la minería sustentable no existe, y en el ejercicio de extraer destruyen glaciares y ambientes, los que tampoco son restituibles a escala humana.
Denuncian, además, que el sector minero vuelve a recurrir a lobistas de empresas para limitar por una vez más la protección de los Glaciares, puesto que el Gobierno solicitó ampliar las voces opinantes en la Comisión de Minería del Senado.
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