La Comisión de Trabajo del Senado inició, en su segundo trámite constitucional, el estudio del proyecto de ley que establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades, en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios.

En la oportunidad los integrantes de la Comisión escucharon la exposición del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, y del jefe de la División de Municipalidades de la SUBDERE, Nemesio Arancibia, quienes se refirieron a los principales aspectos de la iniciativa.

El proyecto incorpora una norma a la Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, estableciendo una regla especial que será aplicable a los procesos licitatorios municipales de servicio de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y mantención de áreas verdes.

Dicha disposición obligará a los municipios a considerar, en las pautas de evaluación, a lo menos en un 15% de la ponderación total, el criterio referido a las mejores condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores.

El subsecretario Cifuentes dijo que “los trabajadores que prestan servicio a estas empresas, realizan una labor imprescindible para el país, que se traduce en una mejor calidad de vida para toda la población. Sin embargo, pese a la importancia de sus funciones, estas las realizan en deficientes condiciones de empleo y salariales”.

La autoridad agregó que “eso es lo que buscamos remediar con este proyecto dándole condiciones de mayor dignidad y justicia social a las personas que ejercen estas funciones”, señaló.

Contenido del proyecto:

• Establece que en las licitaciones municipales que tengan por objeto el servicio de recolección, transporte y/o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y aquellas referidas a áreas verdes, se evalúe en un 15% del valor total de la licitación, aquel criterio referido a las mejores condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores.
• Esa ponderación se divide en un 70 por ciento el factor referido a las remuneraciones que superen los mínimos legales y en 30 por ciento al factor referido a las mejores condiciones del empleo.
• Dispone expresamente que dicha ponderación se refiere solo al personal operativo de dichos servicios.
• Incorpora como requisito de admisibilidad de la oferta, un programa de gestión de riesgos presente en el trabajo.

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