A juicio del legislador la normativa que exigirá solo la entrega electrónica de estos documentos, afectará de manera directa a las familias campesinas que despachan sus productos desde en lugares donde no hay conectividad, en particular las que viven en la zona sur del país.
El 16 de enero de 2020 entra en vigencia la Ley Nº 21.131, también denominada “Ley Pago a 30 Días”, que obligará a las grandes empresas de todo el país a pagar a las medianas y pequeñas entidades las prestaciones en ese plazo. Junto con lo anterior, esta normativa trae consigo una serie de obligaciones, entre las que se encuentra la de emitir guías de despacho sólo de manera electrónica por parte del contribuyente, como respaldo de entrega de productos.
Si bien esto último se trata de un salto tecnológico para el funcionamiento de las áreas económicas de la nación, el rubro agropecuario se verá seriamente afectado debido a las características de su producción, es decir, en zonas campestres.
Ante esta situación, el diputado de Renovación Nacional Harry Jürgensen, presentó un proyecto de ley que busca que quienes trabajan en esta área de la economía nacional, junto con cumplir con la entrega de guías de despacho electrónicas, también se les permita continuar operando con guías de despacho de papel, como hasta ahora.
“El sector agrícola se verá impedido de entregar esta guía de despacho electrónica, porque muchas veces se despacha en terreno, en lugares donde no hay conexión a Internet. Por ejemplo, se despacha un camión desde el potrero o un camión con frutas desde terreno o también realizan despacho de animales en los corrales”, explicó el legislador.
A lo anterior se suma el hecho de que esta obligatoriedad afectará en particular a quienes han dedicado sus vidas al agro en la zona sur del país, pues el 75% de la agricultura familiar campesina se concentra entre las regiones Del Maule y Los Lagos.
En su proyecto de ley, el parlamentario RN advierte que el poco acceso a estas tecnologías por parte del campesinado podría incentivar “la salida de los pequeños ganaderos y agricultores de la actividad que han desarrollado durante toda su vida, provocando que su principal fuente de ingresos se vea gravemente afectada.
Asimismo, Jürgensen también aborda otras problemáticas que podrían presentarse para el mundo del agro al no poder cumplir con esta obligatoriedad, como por ejemplo “un mercado informal, cuyas consecuencias podrían ser perjudiciales no sólo para el nivel de control ejercido por el Servicio de Impuestos Internos, sino que también para el sector ganadero, debido al grave daño que se puede ocasionar a la trazabilidad del ganado, afectando de paso el control sanitario, así como también las facilidades para exportar, entre otras”.
“Por lo tanto, para evitar todos estos problemas es que nosotros quisiéramos que se postergue la obligación para este sector de la economía de emitir sus guías de despacho forma electrónica, por lo menos hasta cuando la conectividad en el mundo rural sea total”, finalizó.
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