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La diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad imponer a establecimientos de educación básica y media la obligación de aplicar exámenes psicológicos a sus estudiantes con una frecuencia de, a lo menos, una vez durante el año escolar, a fin de detectar y prevenir posibles problemas de salud mental, tales como depresión, ansiedad y baja autoestima, con especial énfasis en conductas perjudiciales y factores de riesgo asociados al uso excesivo de celulares y redes sociales. Para la legisladora, el desarrollo integral “es un objetivo fundamental del proceso educativo, donde la formación no solo contempla el estudio técnico en diferentes áreas del conocimiento, sino que también el fortalecimiento de ciertas habilidades que apuntan a la plena realización de niños y jóvenes ”. En tal sentido, Pérez aseguró que el rol de los establecimientos educacionales se torna “primordial en la prevención y combate de problemas de salud mental, cuyas consecuencias podrían extenderse incluso a la etapa adulta si no se abordan oportunamente a través de medidas tendientes a fortalecer la integridad psíquica de quienes se encuentran en pleno crecimiento, los colegios no se pueden desentender del bienestar emocional de sus estudiantes y es por eso que presentamos esta moción”. “En la actualidad”, continuó la parlamentaria, “el uso excesivo de dispositivos móviles por parte de estudiantes a raíz del avance de la tecnología y la masificación de Internet, se ha transformado en un motivo de preocupación para padres, apoderados, docentes y directores de escuelas y colegios, al ser un evidente factor de distracción en las aulas con efectos directos en la capacidad de atención y concentración, así como una variable que puede impactar negativamente en el bienestar psicológico”. “Por ello, y dado que la educación abarca más allá del desarrollo cognitivo, se detecta la conveniencia de aplicar exámenes psicológicos periódicos en el contexto de la enseñanza formal, para avanzar, desde los recintos educacionales en conjunto con las familias, en la detección, prevención y tratamiento de conductas perjudiciales y factores de riesgo asociados al uso excesivo de celulares y redes sociales, de modo de combatir oportunamente problemas de salud mental que si no se detectan y abordan a tiempo podrían afectar gravemente la calidad de vida de muchos niños y jóvenes”, cerró la diputada Marlene Pérez.
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Este martes, en las dependencias del Teatro Lota, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo que convocó a los directores de colegios, nuestro alcalde Patricio Marchant, al coordinador regional de Seguridad Pública, directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, delegación presidencial, Carabineros y otros entes públicos, para abordar la problemática que se está viviendo tras la muerte de un joven estudiante lotino el pasado viernes. En la cita, los diversos actores abordaron las diferentes situaciones que se están presentado hoy en Lota respecto a la violencia escolar y acordaron levantar un plan de trabajo para evitar otras situaciones que vayan escalando precisamente en ese contexto. La directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Andrea Saldaña León, entregó sus impresiones tras la reunión, señalando que se tomarán las medidas pertinentes para que casos de esta gravedad no vuelvan a ocurrir en Lota. “Es un hecho muy lamentable lo se ha vivido acá en Lota y efectivamente eso nos obliga a toda la institucionalidad pública a desarrollar acciones coordinadas que permitan una mayor sensación de seguridad para la comunidad escolar… Vamos a gestionar acciones con las distintas instituciones que están involucradas y de esta forma estabilizaremos y brindaremos asesoría directa con las comunidades escolares, para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo. Opinión similar entregó Marco Millar Jiménez, Coordinador Regional de Seguridad Pública, quien calificó la cita como fructífera en cuanto a acuerdos y compromisos. “Esta reunión fue bastante fructífera, tomamos compromisos, acuerdos. Es un trabajo que estamos realizando. De hecho tocamos el tema de la violencia escolar en el Concejo Regional de Seguridad Pública. Estuvimos con el alcalde para poder avanzar en esta temática y sobre todo hacer un compromiso con la comunidad de Lota”, agregó. Finalmente Bernardo Olave, jefe del Departamento de Educación de Lota, agradeció el apoyo de las distintas autoridades regionales y expresó que se está trabajando para poder volver a recuperar la normalidad en la comunidad educativa. “Agradecemos el apoyo del Gobierno Regional, de la Seremi de Educación frente a la experiencia que estamos viviendo y estamos coordinando los esfuerzos que están aportando equipos profesionales especializados en este tipo de traumas y que nos va permitir recuperar la normalidad en el corto plazo”, cerró.
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La acción judicial corresponde principalmente a los hechos ocurridos el 15 de abril mientras se efectuaba al interior del Puerto la segunda reunión tripartida de diálogo junto a las autoridades regionales, buscando retomar las operaciones de manera segura. Ante el Juzgado de Garantía de Coronel, Puerto Coronel presentó una ampliación a la querella criminal interpuesta hace unos semanas por amenazas, bloqueos, destrozos y actos de violencia registrados en los últimos días, donde han participado algunos trabajadores y dirigentes portuarios, en el marco de la paralización de las operaciones del recinto que cumple un mes. Cabe recordar que la situación de detención de las operaciones portuarias se inició hace 29 días tras la aplicación de la Política de Alcohol y Drogas, a lo que se sumó el rechazo por parte de los trabajadores eventuales a otros cambios que busca implementar la nueva administración del Puerto con el objetivo de gestionar la empresa de forma responsable, segura y eficiente y con total respecto de los convenios colectivos vigentes. Entre las nuevas medidas están realizar una revisión de los criterios de la “Nombrada” (que los sindicatos sigan asignando turnos pero bajo requisitos mínimos para una operación segura) y la adecuación de turnos de trabajo para reestablecer la viabilidad de los empleos. Los delitos denunciados La ampliación de la querella remitida al Ministerio Público está dirigida contra Guillermo Jaque Jerez, dirigente de trabajadores eventuales y John Cuevas Reinoso, trabajador portuario eventual, además de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los ilícitos de amenazas y el violento bloqueo al recinto portuario ocurrido el 15 de abril del presente año. En dicha ocasión, se efectuaba al interior del Puerto la segunda reunión de diálogo junto a la Seremi del Trabajo, la Directora Regional de la Dirección del Trabajo (Biobío) y otros funcionarios de servicios junto a los ejecutivos de la empresa, para retomar las operaciones de manera segura. Sin embargo, el dirigente Guillermo Jaque, al no poder imponer sus pretensiones en la reunión con las autoridades, ejecutivos y otros trabajadores, amenazó a los presentes con cerrar los accesos y no dejar salir a las personas del recinto. Posteriormente, Jaque junto el trabajador John Cuevas –querellado anteriormente por otros delitos cometidos durante las manifestaciones- bloquean el acceso al Puerto con candado en ambos portones, dejando encerrados a los integrantes de la mesa de diálogo, quienes sólo pudieron evacuar horas más tarde gracias a las gestiones del Capitán de Puerto y de la Seremi del Trabajo. Con estos actos, junto con alterar el proceso de diálogo, los dirigentes faltaron al compromiso adquirido con la Delegada Presidencial el viernes 12 de abril, que consistía en dejar libre los accesos para el ingreso de los contratistas y los equipos de mantención para planificar un retorno progresivo a las operaciones del puerto. La empresa sigue buscando la opción para retomar la operación en forma gradual, lo antes posible, a pesar de los bloqueos por parte de los trabajadores, por lo que insistiremos ante la autoridad la solicitud de resguardo para poder ingresar libremente.
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La autoridad regional se reunió con el Gerente General de la siderúrgica, Jean Paul Sauré, tras la confirmación del Grupo CAP que no cerrará la empresa, tras el aumento de los impuestos a dos productos de acero chino determinados por la Comisión Antidistorsiones. A primera hora de este lunes, el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz, se reunió con el Gerente General de la Compañía Siderúrgica de Huachipato, Jean Paul Sauré, tras conocerse ayer por la tarde la decisión del directorio del Grupo CAP de detener el proceso de suspensión de faenas en la empresa, después que la Comisión Antidistorsiones determinó el aumento de los impuestos a dos productos de acero chino. Ya con la tranquilidad de descartar lo que ya parecía el inminente cierre de la compañía acerera, y con ello la pérdida de unos 22.000 empleos, la máxima autoridad regional hizo hincapié que el problema aún persiste y que es necesario establecer cambios a la legislación e instrumentos para proteger la producción nacional. “Es necesario hacer la conversación política, porque Chile tiene normas de protección ante la competencia desleal que son añejas y el mundo evoluciona muy rápido y, por lo tanto, se necesita tener no sólo un plazo más amplio de lo que puede definir hoy día la Comisión Antidistorsión. Que no sea el plazo lo que define la protección, sino el que no exista competencia desleal es el fondo del problema y eso es importante mantenerlo. Yo creo que no hay que dormirse a los laureles, que hay que seguir con los dientes apretados, trabajando y diciendo de una manera unitaria que la Región del Biobío quiere seguir siendo industrial”, subrayó. “Lo que hemos tenido este fin de semana son dos buenas noticias. Primero, que la Comisión Antidistorsión, ante los nuevos argumentos que se le entregan en el marco de la institucionalidad, decide establecer este impuesto que se aplica a aquellos productos que ingresan subsidiados en su origen. Y, en segundo lugar, Huachipato y el directorio del Grupo CAP sesionaron en día domingo (ayer). Podrían haber sesionado hoy (lunes), por lo que uno interpreta es que hay una fuerte señal para decir que ese grupo estaba diciendo que lo único que esperaba era que se nivelara la cancha. Eso para mí es extremadamente importante", añadió. Por su parte, Sauré, en el diálogo con los medios de comunicación tras la reunión, dedicó sentidas palabras hacia la familia acerera. “Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Huachipato que han soportado y con temple estas últimas semanas de incertidumbre y que, finalmente, tienen un desenlace feliz. Quería agradecer el apoyo transversal que hemos tenido, en particular del Gobernador y la gobernación y todos los agentes que nos han acompañado en este trabajo que ha sido multidisciplinario y técnico-político. Así que muchas gracias a todos por el apoyo”, dijo. Consultado por la solicitud de actualizar la normativa vigente planteada por Díaz, el ejecutivo anunció que “lo que se viene ahora es trabajar para obtener una ratificación de estas medidas provisionales en septiembre y, por otra parte, nosotros queremos abrir la conversación política para que haya cambios legislativos en la normatividad chilena. Hoy para hacer un caso anti-dumping, tú tienes que esperar daño real en la empresa, hacer estudios técnicos, económicos, presentarlo y esperar tiempo. Nosotros empezamos el proceso en septiembre del año pasado, entonces es algo que tiene que agilizarse. El gerente general de Huachipato añadió que “nos gustaría que hubiese medidas preventivas, con una búsqueda activa de estos temas de dumping, y que las resoluciones sean más rápidas y por más plazo. Recordemos que este va a ser por un año y otros países de economía avanzadas, como en Estados Unidos, Europa o México, cuando hacen casos anti-dumping y resultan favorables los aplican por al menos cinco años promedio”, sentenció.
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Las acciones se enfocarán en las comunidades educativas del Liceo Carlos Cousiño y del Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos. El seremi (s) Matías Aravena sostuvo que “entendemos que esta situación necesita de la voluntad del intersector, por lo mismo no puede quedar ninguna institución afuera y se requiere que hagamos los esfuerzos entre todas y todos”. Este lunes, el seremi (s) de Educación del Biobío, Matías Aravena y un equipo de la Secretaría Regional Ministerial sostuvieron una reunión con el alcalde de Lota, Patricio Marchant, y representantes del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), con el objeto de abordar acciones de contención emocional con las comunidades del Liceo Carlos Cousiño y del Liceo Politécnico Rosauro Santana Ríos. Esto luego de que el viernes 19 de abril un estudiante del primer establecimiento resultara muerto tras una riña en la que estuvo involucrado otro estudiante del segundo centro educativo. Esa misma jornada, la seremi de Educación y el sostenedor municipal iniciaron las primeras acciones para atender las necesidades generadas al interior de las comunidades educativas afectadas por este lamentable hecho. La primera medida, a solicitud del sostenedor, fue la suspensión de clases en ambos liceos durante 3 días, como acción de duelo y desarrollar trabajo de contención socioemocional, dirigido a docentes, asistentes de la educación y equipos directivos. Este lunes, el seremi (s) Matías Aravena explicó que “se dispuso de un equipo de la Secreduc para apoyar este trabajo. Consideramos que estos días requieren de espacios específicos para la reflexión, para la conversación entre las distintas comunidades escolares y por ello es que hemos brindado a los establecimientos educativos algunas facilidades para poder intencionar espacios de reflexión, dentro de sus comunidades y así abordar esta situación con la mayor cantidad de herramientas posibles”. Otra de las medidas acordadas fue flexibilizar la jornada escolar durante toda esta semana, para extender este trabajo de acompañamiento con la comunidad estudiantil. El jefe del DAEM de Lota, Bernardo Olave, sostuvo que “este martes habrá una reunión con los centros de padres y apoderados, con la participación de los directores de todos nuestros liceos y ahí vamos a abordar el rol que ellos deben jugar y de este modo seguir ejecutando las acciones que estamos relevando con la seremi de Educación”. Acciones a mediano plazo Si bien lo inmediato es atender las situaciones más urgentes, la Seremi de Educación y DAME trabajarán para fortalecer las acciones que ya se estaban ejecutando en materia de seguridad y convivencia, como las coordinaciones multisectoriales con otras entidades, en la que participan profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Seremi de Salud y el programa Habilidades para la Vida de Junaeb. “Entendemos que esta situación necesita de la voluntad del intersector, por lo mismo no puede quedar ninguna institución afuera y se requiere que hagamos los esfuerzos entre todas y todos”, agregó el seremi (s), Matías Aravena. Otro aspecto importante es que este año la comuna de Lota fue incluida en el Plan A Convivir Se Aprende, que en la región se ejecuta en un total de 17 comunas, en coordinación con la Universidad de Concepción. El programa tiene como objetivo que los establecimientos educacionales puedan revisar aspectos conflictivos al interior de sus espacios educativos y estar preparados para situaciones complejas. El plan considera componentes nacionales y también las necesidades específicas que tiene cada comuna.
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La parlamentaria gremialista explicó que la iniciativa busca tratar penalmente como adultos a jóvenes de 16 y 17 años que sean reincidentes o cometan delitos graves. La diputada de la UDI, Flor Weisse, hizo un llamado “urgente” al Gobierno a poner urgencia al proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil para todos los jóvenes de 16 y 17 años que sean reincidentes o participen en la comisión de un delito de carácter grave, todo ello como una manera de enfrentar la actual crisis en materia delictual por la que atraviesa todo el país. Esto, explicó la parlamentaria gremialista, a raíz de un nuevo asesinato a un joven por parte de un menor de edad en la comuna de Lota. Al respecto, Weisse recordó que a mediados de 2018 la Bancada UDI presentó un proyecto de ley para modificar justamente el actual sistema, estableciendo que a los adolescentes de esa edad que cometan un delito de mayor connotación social o que anteriormente hayan participado en otras actividades ilícitas “se les aplicará el régimen de cumplimiento penitenciario común”, evitando así que se relacionen con los menores de edad que son “primerizos”. “Cada vez se está haciendo más habitual que sean menores de edad los que estén cometiendo delitos como encerronas o asaltos, porque tal como lo han señalado las autoridades y expertos, esos adolescentes forman parte de organizaciones que son mucho más grandes y que saben que existe un trato distinto por la edad que tienen. Por eso es que, en distintas ocasiones, vemos que son detenidos por Carabineros, pero en un par de horas quedan en libertad, dando a entender que prácticamente son intocables para la justicia en nuestro país”, manifestó la diputada UDI. Por lo mismo, la legisladora aseguró que es “indispensable” modificar la actual legislación para así impedir que los delincuentes de esa edad “queden en libertad o reciban una sanción mucho menor”, advirtiendo que “si decidieron pertenecer a una organización criminal o iniciar una carrera delictiva, lo que corresponde entonces es que sean sancionados como adultos y ya no como niños”. De esa manera -reiteró Weisse-, los adolescentes que cometan cualquier delito que conlleve una pena superior a los tres años y que sean reincidentes “deberán someterse al régimen penitenciario común, que es lo que corresponde”, agregando que “estaremos atacando uno de los principales problemas que existen en nuestro país, que es que los jóvenes delincuentes están haciendo lo que quieren porque saben que la justicia no los podrá tocar”. “Esperamos que el Gobierno no se oponga, una vez más, a los proyectos de ley que apuntan a enfrentar de manera decidida la grave crisis delictual por la que atraviesa nuestro país, porque los chilenos nos están demandando medidas efectivas y esta es una de ellas”, finalizó la diputada Flor Weisse.
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Ante más de 200 personas, el Director del Hospital de Lota, Pedro Martínez, entregó la Cuenta Pública Participativa de su establecimiento gestión 2023, la que tuvo lugar en el gimnasio del Colegio Bicentenario Padre Manuel D ´Alzon de la ex comuna minera. La ceremonia contó con la presencia del Director del Servicio de Salud Concepción (SSC), Víctor Valenzuela, acompañado del Subdirector de Gestión Asistencial y del jefe del Departamento de Atención Primaria (APS) de la Red, Dr. Javier Gamboa y Claudio Morales, respectivamente; de la diputada por la zona Joanna Pérez; del alcalde de Lota, Patricio Marchant; de representantes gremiales y del Consejo Consultivo local, entre otras autoridades e invitados. “El Director Martínez ha dado una Cuenta Pública amplia y muy sólida, de la relación que su establecimiento tiene con nuestra Red Asistencial y también con la comunidad y el Consejo Consultivo de Lota. Expuso cómo han sido capaces de reforzar las prestaciones en salud, la complejidad del recinto, y el involucramiento no sólo con sus gremios, con su personal, sino que con toda la comunidad que desarrolla el hospital”, destacó Víctor Valenzuela. Por su parte, el Director del Hospital de Lota, Pedro Martínez, destacó de su presentación “el desarrollo de los distintos programas, tanto de Atención Primaria como Secundaria: Continuidad de Cuidados, Baja Visión, Atención Integral Infantil, programa Adolescente que queremos implementar, entre otros: También las inversiones, el crecimiento que tuvimos en recursos humanos, pero, principalmente, la valoración que la comunidad hace de las prestaciones que hacemos”. La jornada consideró un espacio de interacción con el público, mediante la modalidad de trabajo en grupos, que tuvo por finalidad recoger opiniones e inquietudes de los vecinos y vecinas de la comuna. Al finalizar, los asistentes pudieron degustar un cóctel preparado con productos típicos de la zona.
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El directorio de la compañía siderúrgica Huachipato y de su matriz, el grupo CAP, han acordado suspender la paralización de funciones en que estaba la Compañía. En este contexto, el gobernador regional, Rodrigo Diaz, ha expresado que valora esta decisión, que está dándose a conocer “a través de sendos hechos esenciales que ambos directorios están poniendo a conocimiento del mercado”. Est demuestra, asegura, que la intención de la compañía, y también del grupo CAP, “siempre ha sido tener competencia en igualdad de condiciones”. La decison, afirma el gobernador, es “extremadamente importante para quienes vivimos en la Región del Biobío, tanto para las 22.000 personas que están vinculadas a la cadena de valor del acero como también para todos aquellos que pertenecemos a la cultura industrial. Lo agradezco mucho y nuevamente hemos dado otro paso”. “Ahora es importante también que mejoremos nuestra legislación para que la protección que se da, en caso de competencia desleal, sea por plazos más altos. Ahí el Gobierno y los parlamentarios deben ponerse las pilas y ayudarnos para que podamos tener un país y una Región del Biobío dedicada a la cultura industrial. Sigamos avanzando en esto. La tarea todavía tiene muchas etapas más que quemar”.
