La diputada mantiene su posición a conservar el espíritu original de este proyecto de ley, en el sentido de responsabilizar a los bancos y emisores de tarjetas de crédito y otros medios de pago por los fraudes que sufren sus titulares y usuarios de estos productos.
La diputada DC Joanna Pérez, miembro de la comisión mixta que busca resolver las discrepancias en la tramitación de proyecto de ley que busca mejorar la situación de los usuarios por los fraudes con las tarjetas de crédito, señaló hoy que rechaza las indicaciones que presentó el gobierno, “ya que estás están más enfocadas en beneficiar a los bancos que a los clientes afectados por las estafas”.
De esta forma, la diputada mantiene su posición a conservar el espíritu original de este proyecto de ley, en el sentido de responsabilizar a los bancos y emisores de tarjetas de crédito y otros medios de pago por los fraudes que sufren sus titulares y usuarios de estos productos.
“Queremos que se mantenga el espíritu original de este proyecto de ley. El procedimiento propuesto por el ejecutivo tiende a la judicialización de los procesos porque establece que sea el titular de la cuenta o tarjeta de crédito o medio de pago afectado por el fraude, quien, además, deba tener la carga de ser sometido a tribunales en el evento que el Banco estime que ha sido su culpa el hecho de haber sido víctima de dicho fraude, obligándosele a esperar todo el tiempo que tarde el juicio para conseguir la devolución del dinero”.
“Lo anterior, se escapa absolutamente de la discusión que se ha dado tanto en el Senado como en la Cámara y genera dificultades que hoy ni siquiera lo establece la ley que tenemos y que queremos modificar por lo difícil que es exigirle al banco estas responsabilidades”.
La diputada Pérez agregó que “el tope de indemnización que se propone, de 10 UF es bajísimo en relación a la posibilidad de fraude que puede afectar a los titulares de las tarjetas o medio de pago. Estamos favorables a establecer un procedimiento de auditoría interna por parte del banco, con plazos acotados, que permitan favorecer el esclarecimiento del fraude y sólo en el evento de estimar que se está en situaciones como autofraude, dolo o negligencia inexcusable limitar por razones obvias la devolución del dinero”.
“Además estimo que se debe aumentar a 120 días el límite de tiempo que el usuario tendría para revisar si hay otros movimientos fraudulentos y pedir devolución al banco, ya que en el Senado se planteó que cuando el usuario detecta una transacción fraudulenta y se la comunica al emisor, pueda revisar su cartola y ver si hubo algún otro fraude en los 90 días anteriores”:
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