Más de 900 millones de pesos en negocio del Ministerio de Vivienda, que además involucra a fundación Urbanismo Social.
El diputado independiente por el distrito 20, Leonidas Romero, informó esta jornada que ingresó a Contraloría General una solicitud para investigar la compra de un conjunto habitacional en San Pedro de la Paz, la que habría realizado SERVIU Biobío pagando millonario sobreprecio por cada departamento, independiente de los metros cuadrados construidos. Además, acusó un trato directo con la fundación Urbanismo Social, para la administración de los mismos.
El parlamentario indicó que esto es ”un negocio a dedo realizado por el Serviu Biobío” y que involucra a una constructora y la fundación Urbanismo Social, agregando que el propio Ministerio de Vivienda habría modificado diferentes resoluciones exentas para poder realizar la compra y luego entregó a Urbanismo Social la administración de los departamentos, “esto atañe directamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo por una particular adquisición de un conjunto habitacional ubicado en el sector de Michaihue, en la comuna de San Pedro de la Paz, región del Biobío, a través del programa Arriendo a Precio Justo, en la que se habrían modificado varias Resoluciones Exentas de dicho Ministerio para permitir dicha adquisición, vulnerando las normas de habitabilidad de los departamentos los que incluso no cuentan con dependencias para discapacitados, logia ni balcón, según la normas habituales para este tipo de construcciones, pagando incluso el valor máximo permitido, esto es 1.900 UF, como precio único por cada departamento, no importando los metros cuadrados construidos.”
En el documento, Romero afirma que “el valor normal de un departamento de estas características con subsidio SERVIU, es del orden de 1.600 UF., es decir, se pagó alrededor de 300 UF por sobre el valor promedio, lo que multiplicado por los 80 departamentos adquiridos, son cerca de 24.000 UF., como consecuencia, se pagaron más de 900 millones de pesos de sobreprecio.”
Por otro lado, el diputado acusa la existencia de una extraña licitación, en la que se habría entregado la administración de aquellos departamentos a la fundación Urbanismo Social. Según afirma en la presentación “la administración de estos departamentos no se le entregó al municipio, quien era por derecho propio el más indicado para realizar esta función, sino que se le entregó a una fundación de derecho privado. En efecto, la Fundación Urbanismo Social, se adjudicó por una extraña licitación, un millonario contrato por más de 330 millones de pesos con el SERVIU del Biobío”.
41 lecturas
