Esa fueron las primeras expresiones emitidas por el Diputado Harry Jürgensen luego de que se conociera la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia que condeno a Essal por daño ambiental en la Bahia de Puerto Varas en el Lago LLanquihue.

El órgano judicial  estableció   la activación reiterada de los aliviaderos de tormenta de las Plantas Elevadoras de Aguas Servidas (PEAS) de Santa Rosa y Puerto Chico  con la correspondiente  “afectación y detrimento al componente agua de la bahía de Puerto Varas del Lago Llanquihue”, producto de aguas servidas o mixtas que llegaron al afluente portovarino.

De igual forma el documento señala que como consecuencia de las altas concentraciones de coliformes fecales vertidas al lago se produce una evidente pérdida en el valor o servicio de uso de carácter recreativo y para deportes acuáticos que se le asigna al lago Llanquihue. Indicando además que la apertura de los aliviaderos en verano no guarda relación alguna  con las precipitaciones registrada y si con la falta de capacidad para que las Plantas Elavadoras puedan cumplir su función.

Durante los alegatos y de acuerdo a los informes entregados por la Capitanía de Puerto se pudo establecer que hubo 35 activaciones en el año 2017 y 135 activaciones durante el 2018 constatando  el Tribunal que no se trataría de hechos aislados sino de una práctica que se venía registrando desde el 2010.

El diputado Harry Jürgensen señalo que tal situación, acreditada por un Tribunal competente deja de manifiesto la existencia de una negligencia reiterada tanto en las operaciones de Essal, como en la búsqueda de soluciones a un problema gravísimo que afecta indiscutiblemente el potencial turístico de Puerto Varas.

Antecedentes que, según indica el parlamentario, pueden explicar a grandes rasgos  el actuar displicente en materia de seguridad o de información oportuna  como componentes de la crisis que mantuvo a Osorno sin agua por más de 10 días.

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